DECRETO 2591 DE 1991

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

 

Este decreto tiene como finalidad reglamentar los casos en los cuales se puede presentar una acción de tutela o no; así mismo tiene por objeto determinar el alcance y el contenido de los fallos de tutela, así como la forma en que se garantiza que dichas sentencias serán acatadas.

PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA.

Toda persona tiene derecho a reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, por si misma o por actúe a su nombre, la protección inmediata de SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad publica o de lo particulares. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales FUNDAMENTALES, y excepcionalmente procederá para proteger otro tipo de derechos que no son señalados como fundamentales por la constitución.

La tutela también puede ser presentada por terceras personas para proteger derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

El defensor del pueblo y los personeros municipales también pueden presentar acciones de tutela a favor de terceros.

Por otro lado, la acción de tutela NO PROCEDE cuando:

  1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo cuando la tutela sea utilizada como medio provisional para evitar un perjuicio irremediable.
  2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
  3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política.
  4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
  5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

 

MEDIDAS PROVISIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO.

Así mismo el juez podrá decretar medidas provisionales para proteger un derecho. Es decir que cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, podrá ordenar la suspensión de la aplicación del acto concreto que amenace o vulnere el derecho del tutelante. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

El juez también podrá dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

 

INFORMALIDAD Y TRAMITE PREFERENCIAL.

La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito. No será necesario actuar por medio de apoderado u abogado. En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. También hay que tener en cuenta que no es indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.

La acción de tutela tiene prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente que se esté resolviendo, salvo el de hábeas corpus, para que dicha acción sea resuelta dentro de los plazos establecidos por la ley. Los plazos son improrrogables.

 

PROTECCION DEL DERECHO TUTELADO

Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad, el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto.

Dado el caso de que se concediera la tutela, pero los hechos se consumaron de tal manera de que ya no fuera posible proteger y restablecer los derechos del solicitante, en el fallo se prevendrá a quien vulnero los derechos para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en la ley.

 

INDEMNIZACIONES Y COSTAS.

Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria por parte de una autoridad pública, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso.

La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.

 

CUMPLIMIENTO DEL FALLO

Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

CONTENIDO DEL FALLO

Dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:

  1. La identificación del solicitante.
  2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración.
  3. La determinación del derecho tutelado.
  4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela.
  5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 48 horas.

IMPUGNACIÓN: Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

COMPETENCIA: Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

ACTUACIÓN TEMERARIA: Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

 

TUTELA CONTRA PARTICULARES.

La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:

  1. Cuando el particular preste un servicio público.
  2. Cuando el tutelante este en condiciones de indefensión o subordinación.
  3. Grave y directa afectación del interés colectivo por parte del particular.

 

SANCIONES

Desacato: La persona que incumpliere una orden de un juez incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales.

Así mismo el que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar.

 

GLOSARIO

TUTELA: Es una acción constitucional que busca proteger un derecho fundamental ante un daño o afectación irremediable.

PROCEDENCIA: Posibilidad que dicha acción sea admitida por un juez.

PERJUICIO: Daño material o moral producido en una persona

AUTENTICACION: Proceso por el cual se acredita que un documento es auténtico.

HABEAS CORPUS: Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

IMPROROGABLE: Que no puede ser aplazado

FALLO: Decisión final tomada por un juez en cierto asunto judicial.

IMPUGNACION: Derecho a oponerse o no aceptar una decisión judicial por considerarla falsa o ilegal

TEMERARIO: Que se hace o se dice sin fundamento ni motivo.

DESACATO: Acción que puede ser presentada ante el incumplimiento de una decisión emanada por un juez de la republica y que es de obligatorio cumplimiento.