Ley 393 de 1997

Por el cual se desarrolla el artículo 87 de la constitución política.

La finalidad de esta norma es otorgarle a toda persona, ya sea natural o jurídica, la posibilidad de acudir ante una autoridad judicial, para impedir que cualquier autoridad o particular se niegue a cumplir lo contenido en normas aplicables con fuerza material o lo contenido en un acto administrativo. En ese orden, se puede exigir su efectivo cumplimiento por medio de una acción judicial llamada Acción de Cumplimiento de rango constitucional debido a que se encuentra consagrada en el art 87 de nuestra Constitución Política.

También pueden ejercer la acción de cumplimiento:

  1. Los servidores públicos
  2. Las organizaciones sociales
  3. Las organizaciones no gubernamentales

La acción de cumplimiento estará dirigida contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma o acto administrativo. Esta acción también procede contra particulares, siempre y cuando, el particular actúe en ejercicio de funciones públicas, pero solamente debido al incumplimiento de las mismas funciones.

La acción de cumplimiento no tiene limitación alguna en el tiempo y se agota con la ejecución por parte de la autoridad; sin embargo, en aquellos casos en los que pueda demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en diferentes oportunidades en el tiempo, podrá volverse a intentar sin ningún límite.

Existen unas exigencias para la prosperidad de la acción de cumplimiento, determinados por esta la misma ley:

  1. Que exista previamente la reclamación de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo la cual se exija su cumplimiento, y la existencia de una autoridad o particular que incumpla u omita su ejecución.
  2. Renuencia: Que la autoridad o el particular se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado en los (10) días siguientes a la presentación de la reclamación. (este requisito podrá omitirse cuando se genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable)
  3. Subsidiaridad: No procede para la protección de derechos fundamentales, ya que estos pueden ser protegidos vía acción de tutela, o cuando exista otro medio judicial para obtener el cumplimiento de la norma o acto administrativo

La ley determina qué debe contener la solicitud o acción de cumplimiento:

  • Nombre, identificación y residencia de la persona que instaura la acción
  • Debe indicarse cuál es la norma con fuerza material de ley o el acto administrativo que ha sido incumplido.
  • Una narración de los hechos que constituyeron el incumplimiento
  • Indicar la autoridad o el particular que ha incumplido
  • Prueba de la renuencia
  • Enunciación y solicitud de las pruebas que pretende hacer valer
  • Una manifestación, bajo gravedad de juramento, de no haber presentado solicitud respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

Si la solicitud carece de alguno de estos requisitos, se advertirá al solicitante para que haga las respectivas correcciones en el término de (2) días. Si no se corrige en ese término la solicitud será rechazada.

DEBERES DEL JUEZ

La acción de incumplimiento goza de una tramitación preferencial, la cual consiste en que el juez que esté a cargo deberá posponer cualquier asunto de naturaleza diferente, a excepción de la acción de tutela.

El juez deberá proferir decisión dentro de los (20) días siguientes a la solicitud de cumplimiento.

El Juez podrá requerir informes al particular o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud. La omisión injustificada en el envío del informe al juez acarreará responsabilidad disciplinaria.

El juez de cumplimiento deberá resolver el asunto en la sentencia cuando el incumplimiento de la norma o Acto Administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

El fallo que dicte el juez debe contener:

  • La identificación del solicitante.
  • La determinación de la obligación incumplida.
  • La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento.
  • La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido.
  • Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el fallo. En caso de que fuese necesario un término mayor, el Juez lo definirá previa sustentación en la parte motiva de la sentencia.
  • Orden a la autoridad de control pertinente de adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del incumplido así lo exija.
  • Si hubiere lugar, la condena en costas.

Cuando del incumplimiento de la norma o de Actos Administrativos generen perjuicios, los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las acciones judiciales pertinentes.

En caso de que el juez ordene a la autoridad o el particular cumplir la norma o Acto Administrativo acusado y estos no lo hicieren dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

GLOSARIO

Normas aplicables con fuerza material: son todas aquellas que son leyes o se parecen a estas en tanto constituyen una norma de carácter general, abstracto e impersonal. Lo cual significa que vinculan a una generalidad de personas, no a nadie en particular, no definen una situación concreta para alguien ni se dirigen a las personas de manera determinada

Acto Administrativo: en Colombia se entiende por acto administrativo una declaración de voluntad que se dicta en ejercicio de la función administrativa, existen actos administrativos de carácter general, es decir que establecen una norma que va dirigida a una generalidad de personas no a ninguna en especial, y actos administrativos particulares, los cuáles son aquellos que deciden algo en relación con una persona o grupo de personas en concreto.

Acción judicial: Poder reconocido a los sujetos de derecho o de dirigirse a la justicia para obtener el respeto de sus derechos o de sus intereses legítimos.

Renuencia: Actitud de quien se muestra reacio o poco dispuesto a hacer una cosa

Subsidiaridad: en Derecho, es un principio jurídico que puede plantearse en situaciones jurídicas en las que se dan dos alternativas, de manera que a una de ellas sólo se podrá acudir en defecto de la otra.

Excepción de inconstitucionalidad: es una figura por medio de la cual en un proceso judicial o administrativo hay lugar a inaplicación de la norma cuando esta se considera violatoria de la constitución

Procedimiento disciplinario: es un procedimiento administrativo de oficio, especial y de orden interno e implica la regulación del ejercicio de los poderes disciplinarios de la Administración sobre sus funcionarios, en defensa del buen orden de la función pública.

Indemnización: es una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc.

CONCLUSIÓN

El problema de la inactividad de la administración y las modalidades de la inacción se ven sancionadas desde el ámbito judicial, otorgando no solo el derecho a la persona que se vea afectada por la omisión de las autoridades o del particular que desarrolle una función pública, sino también imponiendo un deber dichas autoridades, y que se ejecuta a través de la Acción de Cumplimiento, con todos las consecuencias y efectos jurídicos mencionados en la presente ley.