Ley 472 de 1998

Mediante la cual se reglamentan las acciones populares y de grupo.

¿Qué son las acciones populares?

Una acción popular es un mecanismo constitucional con el que cuenta la ciudadanía para proteger derechos e intereses colectivos. Específicamente con la acción popular se busca evitar un daño inesperado, hacer cesar el peligro, amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos o volver las cosas a su estado original si es posible.

¿Cuáles son los derechos e intereses colectivos?

La ley ofrece un listado de derechos e intereses colectivos a manera de ejemplo, entre ellos están:

  1. El derecho a gozar de un ambiente sano, en conjunto con un equilibrio ecológico, que implica la utilización, manejo y aprovechamiento adecuado y sustentable de los recursos naturales, con el fin de garantizar su conservación, restauración o sustitución. Es importante resaltar dentro de este derecho la conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, y de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.
  2. La moralidad administrativa, que hace referencia al comportamiento de los servidores públicos, respetando siempre los objetivos de la función pública, los principios y valores consagrados en la Constitución y la ley.
  3. El derecho a usar el espacio público y la utilización y protección de los bienes de uso público, así como la defensa del patrimonio público.
  4. La protección de la riqueza cultural del país.
  5. La seguridad nacional y la salubridad pública, dicha salubridad debe ser garantizada con las instalaciones y servicios adecuados.
  6. La libre competencia económica, sin más restricciones que las legales.
  7. El acceso a servicios públicos como salud, educación, energía, acueducto entre otros. Dicho acceso debe ser eficiente y oportuno, sin obstáculos injustificados.
  8. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares.
  9. El derecho a un plan de prevención de desastres técnica y científicamente previsibles, por ejemplo, en situación de erupción, sismos, avalanchas, etc.
  10. Derecho a que se respete el ordenamiento jurídico y se vele por la calidad de vida de los habitantes en la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.
  11. Derechos de los consumidores y usuarios.

 

Adicionalmente deben tenerse como derechos e intereses colectivos los demás que consagre la constitución, la ley y los tratados internacionales acogidos por el estado colombiano.

Procedencia de las acciones populares

Estas acciones proceden ante caso de acción u omisión es decir dejar de hacer, de las autoridades públicas o de los particulares, y que con ese proceder se hayan vulnerado o se amenace con vulnerar derechos e intereses colectivos. Esta acción puede iniciarse durante el tiempo que la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo exista.

En el caso específico de las entidades públicas, no es necesario intentar previamente los recursos administrativos como requisito para interponer la acción.

¿Quiénes pueden interponer acciones populares?

Esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, sea natural o jurídica, adicionalmente podrán hacer uso de ella organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares, las entidades públicas que ejerzan funciones de control, intervención o vigilancia siempre y cuando no sean las generadoras del daño, el Procurador General de la nación, el defensor del pueblo, los personeros distritales y municipales, alcaldes y demás servidores públicos que en razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de derechos e intereses colectivos.

¿Contra quienes se dirige la acción popular?

La acción popular se puede dirigir contra particulares o autoridades públicas que mediante sus acciones u omisiones amenace o vulnere el derecho o interés colectivo.

¿Ante quien se presenta la acción popular?

Cuando la acción está dirigida contra entidades públicas o particulares con funciones administrativas, la acción la conocerán los jueces administrativos, de lo contrario lo conocerán los jueces civiles ordinarios.

¿Cómo se realice la demanda o petición de la acción popular?

Su petición debe contener la identificación del solicitante, el derecho o interés colectivo vulnerado, los hechos relatados de manera clara y ordenada, acciones u omisiones que lo llevan a presentar la acción popular, la petición que desea realizar, la identificación de los presuntos responsables del daño si es posible, las pruebas que usara para probar sus afirmaciones y dirección para recibir las correspondientes notificaciones.

La Defensoría del Pueblo y el Personero Distrital o Municipal prestan ayuda para la elaboración de la demanda o petición.

Si la petición se ajusta a los requisitos el juez en tres días hábiles admitirá la demanda, en caso contrario la inadmitirá, concediendo tres días hábiles para realizar las correcciones necesarias.

Toma de decisión: Mediante sentencia

Cumplidos los trámites procesales necesarios, realizadas las pruebas y escuchados los alegatos finales de las partes en audiencia, el juez procederá a dictar sentencia que puede absolver o condenar, en este último caso, la sentencia podrá dar orden de hacer o no hacer, pagar perjuicios por los daños causado y hacer lo posible por volver las cosas a su estado anterior.

Contra la sentencia que resuelve la acción popular se puede interponer recurso de apelación, el cual debe ser resuelto veinte días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente.

¿Qué hago si la sentencia que resolvió la acción popular no es cumplida?

En casos de incumplimiento o desacato de la orden judicial, la parte que incumple incurrirá en multa hasta de cincuenta salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, adicionalmente arresto hasta de 6 meses sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

Esta sanción será impuesta por el juez que dictó la sentencia, mediante un trámite de incidente de desacato.

¿Qué son las acciones de grupo?

Las acciones de grupo son aquellas que se interponen por varias personas, es decir un conjunto de ciudadanos, los cuales comparten unas condiciones respecto de un hecho generador de daños a cada una de las personas del grupo. El objetivo de estas acciones siempre será la obtención del reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios, en otras palabras, el pago en forma de resarcimiento de los daños que les fueron causados. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.

Esta acción deberá interponerse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o ceso la acción que causa el perjuicio.

¿Quiénes pueden interponer acciones de grupo?

Pueden iniciar esta acción las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio de manera individual ocasionado por las mismas circunstancias.

El Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y Distritales, pueden interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que así lo solicite o se encuentre en situación de desamparo o indefensión.

La acción de grupo siempre debe ejercerse a través de un abogado, la persona que interponga la acción actuara como representante de las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos dañosos, sin necesidad de conceder poder para actuar.

¿Ante quien se presenta las acciones de grupo?

Cuando la acción está dirigida contra entidades públicas o particulares con funciones administrativas, la acción la conocerán los jueces administrativos, de lo contrario lo conocerán los jueces civiles ordinarios.

¿Cómo se realiza una acción de grupo?

La demanda debe contener unos elementos esenciales como, nombre del apoderado o apoderados, identificación completa de los demandantes, cuando no es posible identificar a todos los individuos del grupo, se debe dar a conocer los criterios para definir el grupo, un valor aproximado de los perjuicios que se causaron, identificación del demandado, los hechos importantes relatados de manera clara y las pruebas con las que se pretende acreditarlos.

Si la demanda cumple con los requisitos que exige la ley, el juez en los diez días hábiles siguientes admitirá la demanda.

Habiendo presentado la demanda, si una persona fue afectada por las mismas condiciones, es decir hace parte del grupo víctima, puede realizar un escrito en el cual se identifique, indique el daño sufrido, el origen de ese daño y su intención de acogerse a la decisión del juez y pertenecer al grupo de personas que interpusieron la acción. También se puede acogerse posteriormente, dentro de los veinte días siguientes de la publicación de la sentencia, sin embargo, no se pueden reclamar daños extraordinarios o excepcionales para conseguir una indemnización mayor y no se beneficiarán de la condena en costas.

Toma de decisión: Sentencia

Cumplidos los trámites procesales necesarios, realizadas las pruebas y escuchados los alegatos finales de las partes en audiencia, el juez procederá a dictar sentencia. Si la sentencia es favorable, deberá ordenar el pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma de las indemnizaciones para cada persona, para el pago se señalaran unos requisitos que los beneficiarios ausentes del proceso deben cumplir para reclamar su indemnización correspondiente, para tal fin el dinero será entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y será administrado por el Defensor del Pueblo para que realice los pagos correspondientes.

Contra la sentencia se puede interponer el recurso de apelación quien deberá ser resuelto en 20 días a partir de la fecha de radicación del expediente en la Secretaría General; sin embargo, cuando sea necesario practicar nuevas pruebas, el término para decidir el recurso podrá ampliarse en diez días. Además, contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de Grupo proceden el recurso de revisión y el de casación, según el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de noventa días contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación.

CONCLUSIÓN: La ley 472 de 1998 regula dos figuras muy útiles e importantes para la defensa de derechos consagrados en la constitución, en primer lugar, la acción popular es un medio por el cual la comunidad puede proteger sus

derechos e intereses colectivos, de los cuales la población en general es titular, dentro de estos derechos tenemos el goce de un ambiente sano, la prestación efectiva de servicios públicos entre otros.

En segundo lugar, la acción de grupo tiene un objeto más reparador, pues mediante ella un grupo de personas a las cuales le fueron vulnerados sus derechos, por las mismas circunstancias y hechos dañosos, pueden acudir ante un juez para obtener el pago de una indemnización pecuniaria.

GLOSARIO:

Demanda: La demanda es un acto procesal u acción meramente escrito o verbal ante el órgano judicial, la demanda la inicia una persona (natural o jurídica) demandante contra otra quien es el demandado (también persona natural o jurídica) haciendo una petición ante la rama judicial para que se pronuncie sobre un conflicto de estas dos partes.

Persona natural: según el código civil, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.

Persona jurídica: se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Indemnización: Indemnización es el acto y la consecuencia de indemnizar: propiciar, por lo general a través de dinero, el resarcimiento de un perjuicio o de un daño. También se llama indemnización al monto o la cosa que se utiliza con este fin.