Ley 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Esta ley tiene por objeto regular el derecho de petición que es un mecanismo para establecer una comunicación efectiva entre las entidades del Estado y los ciudadanos, su finalidad es obtener algún tipo de información o formular una queja ante una autoridad pública. Este derecho está sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

Mediante Derecho de Petición se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Su ejercicio es gratuito y no necesita de abogado

Los términos para responder el derecho de petición son

  • Toda petición referente a contestar quejas, reclamos y manifestaciones deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
  • Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
  • Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Cuando no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informarle al interesado expresando los motivos de la demora y señalando el plazo  en que se dará respuesta.

Las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos y deberán contener:

  • La designación de la autoridad a la que se dirige.
  • Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su repre­sentante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. 
  • El objeto de la petición.
  • Las razones en las que fundamenta su petición.
  • La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
  • La firma del peticionario cuando fuere el caso.

En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

Cuando la petición radicada está incompleta, la autoridad solicitará al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Cuando no se complete la petición con la documentación necesaria, se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o actuación, salvo que se solicite prórroga hasta por un término igual. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.

Así mismo los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que puedan ser nuevamente presentadas.

Se dará atención prioritaria a las peticiones que busquen el reconocimiento de un derecho fundamental, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.

También se debe tener en cuenta que tiene carácter reservados los siguientes documentos:

  • Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
  • Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
  • Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica
  • Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
  • Los datos referentes a la información financiera y comercial 
  • Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
  • Los amparados por el secreto profesional.
  • Los datos genéticos humanos.

Solo podrá solicitar la información de carácter reservado, el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.

Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos, indicará en forma precisa las razones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario.

Las autoridades judiciales, legislativas y administrativas podrán solicitar para el debido ejercicio de sus funciones, información de carácter reservado o determinados documentos sin que se les pueda negar. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer.

Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días

La falta de atención a las peticiones, a los términos para resolver y el desconocimiento de los derechos de las personas, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones disciplinarias

Con respecto al Derecho de petición ante organizaciones e instituciones priva­das podemos decir que toda persona podrá ejercerlo para garantizar sus derechos fundamentales ante estas organizaciones con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. El trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en esta ley.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.

Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.

Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.

Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.

Conclusión: El derecho de petición es un herramientas que ha otorgado la constitución a la ciudadanía con el fin de acceder a información y respuestas de las autoridades públicas e instituciones privadas  sobre un determinado tema de interés y en caso de que no se atienda dicha  la petición, estarían incurriendo en una vulneración a un derechos fundamental.

Glosario

  • Omisión: Es el acto de abstenerse a hacer algo. No querer hacer algo.
  • Actuación: Hecho o conjunto de hechos realizados por una persona.
  • Fundamentación: razones o argumentos de algo.
  • Desistimiento: terminación anormal de un proceso por el que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear la misma litis posteriormente.
  • Indefensión: situación o estado de la persona que está falta de la defensa, ayuda o protección que necesita.
  • Subordinación: Dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de otras, por las que está regida o a las que está sometida.
  • Persona natural: Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o condición. En términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles.
  • Reserva: conjunto de cosas que se reservan para otro momento en que se necesiten o para cierta circunstancia adecuada o especial.