Ley 1850 de 2017

Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones.

Por medio de esta ley se busca reforzar los mecanismos de protección y garantía de los derechos del adulto mayor en Colombia, modificando varias disposiciones normativas que se ocupan de entre otros temas, de la atención integral del adulto mayor en los centros de vida, condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención, la promoción, protección y defensa de los derechos de los adultos mayores y el maltrato negligencia o abandono a las personas mayores de 60 años. Todo lo anterior, a través de la adopción de medidas de protección, preventivas y punitivas.

La norma en mención, dispone que es una obligación de los centros de protección social y de día, así como las instituciones de atención, acoger a los adultos mayores, víctimas de violencia intrafamiliar como medida preventiva y de protección. De igual forma, asigna el Consejo Nacional del Adulto Mayor las siguientes funciones:

 

  • Asesorar y evaluar los planes y programas de protección y lucha contra la violencia hacia el adulto mayor
  • Promover redes de apoyo para asegurar y fortalecer el núcleo familiar del adulto mayor con el fin de evitar la institucionalización y penalización. Pues se considera a la familia la encargada de satisfacer necesidades biológicas y afectivas y responder por el desarrollo integral de sus miembros. De ahí que la pertenencia a una familia constituye la matriz de la identidad individual.
  • Conformar grupos de enlace con el Ministerio de Salud y Protección social, las Secretarias de Desarrollo Social y las Comisarias de Familia, para promover políticas de divulgación de las obligaciones alimentarias que las familias tienen con los adultos mayores.

 

Con el fin de adoptar medidas punitivas en casos de violencia intrafamiliar, la ley determina que cualquier tipo de violencia física o sicológica a los miembros del núcleo familiar, será castigada con una pena en prisión de cuatro a ocho años, incluyendo como agravante de la pena la violencia contra persona mayor de 60 años. En el mismo sentido, la norma dispone dos nuevos tipos de maltrato contra el adulto mayor así (I) la restricción de la libertad física es una forma de maltrato contra el adulto mayor, en la que incurrirá cualquier miembro del grupo familiar que por la fuerza restrinja la libertad de locomoción. (II) el someter a una condición de abandono y descuido a una persona con 60 años o mayor, se considerara maltrato por descuido, negligencia o abandono. Es de resaltar que si quien comete este maltrato por abandono es una institución que asumió el cuidado del adulto mayor, le serán cancelados los permisos de funcionamiento y se le impondrá una multa de 20 salarios mínimos.

El Ministerio de Salud y Protección Social, debe encargarse de implementar una ruta de atención inmediata y determinar medios de comunicación frente a algún tipo de maltrato contra el adulto mayor, que pueda presentarse en el núcleo familiar, centros de protección especial y demás instituciones encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores. Frente a la protección del adulto mayor. El Estado tiene importantes deberes implementados por esta ley, entre los que se encuentran, la obligación de educar a la sociedad en el cuidado del adulto mayor y las condiciones de una vejez digna, así como el diseño de estrategias que promuevan estilos de vida que contrarresten la discriminación hacia la vejez, el desarrollo de políticas públicas de empoderamiento del adulto mayor en la toma de decisiones respecto a su calidad de vida y participación en la sociedad,  promover redes familiares, municipales y departamentales para fortalecer la participación de los adultos mayores en su entorno, promover la Asociación para la defensa de los programas y derechos de la tercera edad, desarrollando actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida y mitigar situaciones de vulnerabilidad de los adultos mayores que están aislados o marginados.

Los adultos mayores en Colombia tienen derecho a recibir alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, que deben ser proporcionados por quienes estén obligados por ley y tengan capacidad económica para hacerlo, siendo los Comisarios de Familia, los encargados de fijar alimentos para las personas mayores cuando no se llegue a una conciliación al respecto. De igual forma, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría de Familia, se deben encargar de seguir los trámites necesarios para que los adultos mayores obtengan alimentos.

Cuando las personas obligadas a brindar alimentos a los adultos mayores no respondan por su obligación, será el estado quien proporcione a los adultos mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar, la asistencia alimentaria necesaria, lo que no exime la responsabilidad penal y civil de la persona que elude su obligación de dar alimentos, si el estado es quien suple la obligación alimentaria, la persona obligada por las normas civiles a brindar alimentos, deberá restituir al Estado la totalidad del gasto que este generó por concepto de asistencia alimentaria.

Dentro del Programa de Asistencia a personas de la tercera edad, los municipios, distritos y departamentos podrán crear Granjas para Adultos Mayores, en donde se brinden condiciones dignas, albergue, alimentación, recreación y cuidado que los usuarios requieran. Las entidades de orden nacional y departamental podrán ceder inmuebles a las entidades territoriales para el funcionamiento y operación de estas granjas, esta acción también la pueden ejercer entidades como la dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación.

El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, las Secretarias Municipales de Desarrollo Social, las Personerías, Defensoría del Pueblo, IPS – S y la Policía Nacional, deben impulsar Redes de Apoyo Comunitario a las personas de tercera edad, con el fin de brindar la posibilidad de activar alertas tempranas y efectivas para la atención oportuna, ante la ocurrencia de eventos de abandono, descuido, violencia intrafamiliar y hechos similares que pongan en riesgo la integridad física o moral de algún adulto mayor.

Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales están autorizados para emitir una Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como un recurso de recaudo obligatorio, con el fin de contribuir a la creación, mantenimiento, desarrollo y promoción de Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad. El gobernador o el Alcalde municipal o distrital serán los responsables de los recursos recaudados con esta estampilla, en el desarrollo de los programas que se deriven de su inversión.

 

GLOSARIO

Grupo familiar: para efectos del artículo 230 de la ley 599 del año 2000, este concepto comprende a los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar,' los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, las personas que no siendo miembros del núcleo familiar, sean encargados del cuidado de uno o varios miembros de una familia. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre.

Alimentos: comprenden lo imprescindible para la nutrición, habitación, vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y cultura, participación y, en general, todo lo que es necesario para el soporte emocional y la vida autónoma y digna de las pernas adultas mayores.

Granja para adulto mayor: Conjunto de proyectos e infraestructura física de naturaleza campestre, técnica y operativa, que hace parte de los Centros de Bienestar del Anciano; orientada a brindar en condiciones dignas, albergue, alimentación, recreación y todo el cuidado requerido para los Adultos Mayores, que las integren.

Estos centros de naturaleza campestre, deberán contar con asistencia permanente y técnica para el desarrollo de proyectos en materia agrícola, pecuaria, silvícola y ambiental.